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¿Por qué se tramita por la vía de urgencia?

Injustificadamente tramitado por vía de urgencia, es un proyecto que no responde a demanda social alguna. Además, ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración. Así mismo, y entre otras medidas (como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces), se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país..

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¿Aumentarían las competencias del Fiscal General del Estado?

Sí. Se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción.

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¿Lo ha pedido Europa?

No lo ha solicitado Europa, son excusas, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal..

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¿Está bajo amenaza la independencia judicial?

La Constitución de 1978 implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. Esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas. Entre estas se encuentran el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas ambas contras las que hoy reaccionamos.